sábado, 9 de enero de 2016

Viajando a Egipto en plena Revolución




En el presente artículo desarrollaremos un deber fundamental que tienen las empresas, se trata del Deber de Información al Consumidor y comentaremos un caso cuya sentencia salió el 24 de agosto de 2015.


Se trata del fallo: Palamedi Nazabal, María Melania y otro vs. Julia Tours S.A. y otro s/Daños y perjuicios /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala A, 24-08-2015; RC J 5671/15.


 Primeramente un panorama sobre la protección legal

Este deber está expresamente incluido en nuestra Constitución Nacional y diversas leyes, que transcribo a continuación:

Artículo 42 CN.- “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno…”

ARTICULO 4º Ley 24.240: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.”

ARTICULO 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación:-“Información. El proveedor está obligado a suministrar información al, consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión.”

Sin embargo día a día, las empresas infringen estas normas diariamente, es por eso que se debe estar alerta a la hora de contratar, exigir la información necesaria y si no se cumple o se brinda información errónea, iniciar las acciones legales que correspondan.

Fallo

En el 2010 dos señoras contrataron un tour a Egipto con la empresa de turismo Julia Tours S.A y Lesami S.A para viajar en enero de 2011.
Pero en esa fecha hubo revueltas revolucionarias en dicho país por lo que ambas señoras se contactaron con la empresa de turismo para averiguar si era seguro viajar y ellas le informaron que podían efectuar el tour con absoluta normalidad.
La cancillería argentina por su parte, había emitió un comunicado en el que recomendaba "evitar viajes no indispensables a ese país hasta tanto la situación retorne a la normalidad".
Las actoras narraron que cuando arribaron a El Cairo había toque de queda en la ciudad, y que la mayoría de los servicios ofrecidos en el tour estaban cancelados. “Llegar al hotel fue una odisea a causa de las barricadas en las calles, de la presencia de civiles armados, militares, tanques de guerra y, sobre todo, del camino escogido por el guía encargado de transportarlos desde el aeropuerto hasta el hotel, pues aquel los llevó por la plaza en donde se concentraba la muchedumbre. Una vez en el hotel, les avisaron que nadie podía salir de aquel lugar. Al día siguiente, se dirigieron al aeropuerto, en donde -con demora- partieron hacia Luxor a fin de realizar un crucero que estaba programado. Sin embargo, no podían salir del crucero sin la compañía del guía, y navegaron hasta Asuán sin detenerse en Esna y Edfu, que estaban previstos en el "voucher" original. Una vez en Asuán, les comunicaron que la excursión a Abu Simbel había sido cancelada. Además, les informaron que en El Cairo había una guerra civil y que, iba a haber una marcha de la oposición para pedir la renuncia del presidente.” Según alegaron las demandantes, no fue aceptado su pedido de que las sacasen de Egipto desde Asuán, sin ir a El Cairo, por lo que volvieron a dicha ciudad, en donde quedaron alojadas una noche. Finalmente salieron hacia Roma, donde permanecieron hasta la fecha de regreso a la Argentina.
Al regresar iniciaron las acciones legales reclamando ser indemnizadas por "daño moral y psicológico", y la devolución del dinero abonado por el viaje.
Ambas empresas poseen responsabilidad civil, dado que debieron informar a las actoras del real estado de cosas en el destino y ofrecerles suspender o reprogramar el viaje.
Ellas por su parte alegaban en juicio, que los acontecimientos desencadenados en Egipto en la época del viaje habrían constituido un caso de fuerza mayor. En atención a esto los jueces de Cámara dijeron que “Es evidente que una revuelta popular es un hecho irresistible. Sin embargo, ya he señalado que frente a la existencia de tales acontecimientos -que causaron una frustración del fin del contrato- la buena fe y las normas tuitivas del consumidor imponían a las demandadas informar inmediatamente a las actoras y suspender la ejecución del viaje, cosa que no hicieron. En otras palabras, la frustración del viaje se debió a un caso fortuito (los acontecimientos vividos en Egipto), pero no es esa frustración la que compromete la responsabilidad de las demandadas, sino que ella se debe a que incumplieron su obligación de información (que era distinta e independiente de la de prestar los servicios turísticos) y vulneraron la buena fe al pretender continuar adelante con un contrato cuya finalidad manifiestamente se había frustrado. Lo que cabe analizar entonces es si era imposible para las demandadas conocer la situación que se vivía en Egipto en ese momento, pues en tal caso podría pensarse que habrían quedado liberadas de su obligación de informar, y que la ejecución de (al menos) los primeros tramos del viaje, pese a la existencia de una revuelta popular en pleno desarrollo, no habría contrariado la buena fe. Sin embargo, el hecho de que el toque de queda en Egipto haya sido dispuesto dos días antes de la llegada de los turistas a aquel país (es decir, el 28/1/2011) impide sostener esta última tesitura, pues se trataba de hechos notorios que incluso -como ya lo señalé- eran informados desde días atrás por la prensa de nuestro país. Tan es así que las propias actoras se pusieron en contacto con Lesami S. A. para preguntar si el viaje podía ser efectuado, pero -como también lo puntualicé más arriba- lejos de imponerlas de la realidad de la situación aquella agencia afirmó que Julia Tours S.A. había informado que el viaje podía desarrollarse con normalidad.”
En definitiva la Cámara condenó a pagar $110.000 por el incumplimiento de las prestaciones más $50.000 a cada una de las demandantes por el daño moral. Las costas del juicio también se impusieron en contra de las demandadas, tanto de primera como de segunda instancia.

Recomendaciones

El deber de información es exigible en la etapa precontractual y contractual. Lo ideal es que la información sea siempre escrita, es recomendable guardar las publicidades como por ej. Mails con promociones, panfletos, volantes, etc. Si hemos decidido realizar la contratación guardar toda la documentación, es indispensable exigir el contrato escrito, y todo lo que pueda servir de prueba ante algún posible inconveniente futuro. Si tiene dudas sobre las condiciones de contratación, consulte a su abogado de confianza.






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